A lo largo y ancho de la ciudad de Malabo aparecen carteles visibles que prohíben arrojar basura en lugares específicos, aunque el actuar de un reducido grupo social parece estar en desacuerdo con esta idea.
Sea por un simple despiste o por una rebeldía premeditada, algunos ciudadanos residentes en Malabo siguen dejando patente su falta de compromiso social y su escaso sentido de responsabilidad con el cuidado del medioambiente, a través de pequeñas acciones rutinarias arraigadas en la vida comunitaria de ciertos habitantes de la antigua capital, como echar basura en espacios públicos donde aparentemente se prohíbe esta práctica.
Generalmente, suele aparecer fijada en estas zonas una nota a la vista de todos que advierte con sanciones económicas severas a aquellos que incurran en este tipo de actos, como una estrategia para amedrentar o, en el mejor de los casos, concienciar a personas que desoyen o ignoran voluntariamente esta normativa social básica y depositan residuos sólidos en la vía pública.
Los testimonios recogidos durante la elaboración de este artículo brillan por una disparidad de juicios de valor de los entrevistados; algunos califican este incidente como un acto que roza la “torpeza humana”, mientras que otros, más críticos y directos, despojan de cualquier responsabilidad a los ciudadanos de a pie y justifican este proceder como una vía de espace ante la inexistencia de vertederos delimitados en sus respectivas comunidades.
Foto: Andrés Ondó ETOGO OYÉ.
Obono Ndong Akele, vecina del barrio Cerámico, afirma que “este obrar constituye un atentado contra la salud urbana, ya que la acumulación de basura aumenta la proliferación de insectos y, a pesar de la señalización expresa que prohíbe el vertido de residuos en el lugar bajo sanción económica, se nota mucho la falta de educación ambiental”, expuso en su alocución.
Por su parte, Nfono Esono Mangue, moradora de la urbanización de Banapa, va de frente y ataca a la tradicional política de fijación de sanciones económicas sin un riguroso control de la aplicación de la medida: “Poner un número alto en el letrero sin que se cobre o sin que haya vigilancia, lo vuelve decoración. La gente actúa por consecuencias reales , no por amenazas escritas; si pasan meses y no se multa a nadie ahí, el cartel pierde autoridad”, ha comentado.
Akoma Ndong Nseng también expone una reflexión crítica sobre el caso atizando a loa protagonistas de estas actuaciones: «Esta imagen muestra lo torpe que es mucha gente; quien a hecho eso, es porque, a lo mejor, no sabe leer y le da igual lo que pase. Muchos toman como ventaja el hecho de que no hayan cámaras de seguridad para identificar a los autores de estos actos», ha afirmado.
Si algo queda claro en todo este asunto es que, al margen de las razones lógicas que podrían motivar comportamientos de esta índole, arrojar basura en zonas públicas (con o sin carteles de prohibición) conlleva una repercusión negativa en términos medioambientales y deteriora la calidad de vida de la ciudadanía, pudiendo crear a corto o largo plazo un problema de salud pública más grave.