Autor intelectual del texto: Hermógenes Gabriel Mendjoni Mabale, abogado – Colegiado nº 945
Cuando un ciudadano acude ante un juzgado o tribunal lo hace porque necesita una respuesta de la Justicia. Detrás de cada expediente existe normalmente un conflicto humano, familiar, económico, laboral o penal que necesita ser resuelto. Por eso, la Justicia no puede medirse únicamente por la existencia de una resolución judicial, sino también por el tiempo que se emplea en llegar a ella. Una resolución correcta que llega demasiado tarde puede dejar de ser una solución efectiva.
En Guinea Ecuatorial, como ocurre en otros sistemas judiciales, uno de los problemas que merece una especial atención es la demora en la tramitación de determinados expedientes, la tardanza en la celebración de juicios y, en algunos casos, el retraso en la emisión y notificación de las correspondientes resoluciones judiciales. Cuando un procedimiento permanece durante meses o incluso años sin recibir una respuesta definitiva, las consecuencias no recaen únicamente sobre el expediente. Recaen sobre las personas que están detrás de él.
La Administración de Justicia tiene la responsabilidad de garantizar que los ciudadanos puedan obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable. El derecho de acceso a la Justicia no debe entenderse únicamente como la posibilidad formal de presentar una demanda, una denuncia, un recurso o cualquier otra actuación procesal. El acceso efectivo a la Justicia implica también que el procedimiento pueda desarrollarse y concluir en un tiempo razonable y que la resolución adoptada pueda producir sus efectos de manera oportuna.
La demora judicial también puede afectar directamente al derecho de defensa. El transcurso excesivo del tiempo puede provocar la pérdida o deterioro de pruebas, la desaparición de documentos, la dificultad para localizar testigos y la pérdida de memoria de quienes deben prestar declaración. Cuanto más tiempo transcurre entre los hechos y el momento en que deben ser acreditados ante un tribunal, mayores pueden ser las dificultades para reconstruir lo ocurrido con precisión. La Justicia necesita pruebas, y las pruebas también están sometidas al paso del tiempo.
Existe además una consecuencia económica que no siempre recibe la atención que merece. Un expediente pendiente durante largos periodos puede impedir que una persona disponga de un patrimonio, cobre una cantidad que le corresponde, recupere un inmueble, resuelva una controversia contractual o ponga fin a una relación jurídica. Las empresas también pueden verse afectadas cuando mantienen durante años litigios pendientes que generan incertidumbre sobre sus bienes, obligaciones o derechos. En consecuencia, la demora judicial puede convertirse indirectamente en un obstáculo para la actividad económica y para la seguridad jurídica.
La inseguridad jurídica aparece precisamente cuando los ciudadanos no pueden prever cuándo obtendrán una respuesta definitiva de los tribunales. Una sociedad necesita saber que los derechos reconocidos por la ley pueden ser defendidos y que, cuando surge un conflicto, existe un mecanismo institucional capaz de resolverlo dentro de un plazo razonable. Si el ciudadano percibe que presentar una acción judicial significa entrar en un procedimiento cuya duración resulta imprevisible, puede aparecer la desconfianza en las instituciones y la sensación de que el reconocimiento formal de un derecho no garantiza necesariamente su protección efectiva.
Sin embargo, sería injusto atribuir automáticamente toda demora a la voluntad o falta de diligencia individual de un juez. La Administración de Justicia es una estructura compleja y los retrasos pueden obedecer a diferentes factores: acumulación de expedientes, insuficiencia de medios materiales, falta de personal, dificultades administrativas, problemas de organización, deficiencias en los sistemas de archivo y gestión documental, notificaciones que no se practican oportunamente, traslados de expedientes, ausencia de mecanismos eficaces de seguimiento y otras circunstancias que pueden afectar al funcionamiento ordinario de los órganos judiciales.
La Justicia necesita recursos humanos, medios materiales, mecanismos adecuados de gestión y procedimientos capaces de garantizar que cada expediente tenga un seguimiento efectivo desde su entrada hasta su conclusión.
La digitalización de la Administración de Justicia puede desempeñar un papel importante en este proceso. Un sistema moderno de gestión electrónica de expedientes permitiría conocer en todo momento dónde se encuentra un procedimiento, qué actuaciones han sido realizadas, cuáles están pendientes y qué plazos deben cumplirse. La digitalización no resolvería por sí sola todos los problemas, pero podría contribuir significativamente a reducir pérdidas de documentos, facilitar el acceso a los expedientes, mejorar el control de los plazos y aumentar la transparencia de la gestión judicial.
La demora también tiene una dimensión humana que no debe ser ignorada. Detrás de cada número de expediente hay una persona que espera. Hay familias que necesitan una respuesta, trabajadores que esperan sus salarios o indemnizaciones, empresarios que necesitan recuperar sus bienes, propietarios que esperan recuperar la posesión de un inmueble, personas acusadas que esperan conocer su situación jurídica y ciudadanos que simplemente necesitan que una institución pública les diga, mediante una resolución judicial, quién tiene razón conforme a la ley.
Por ello, cuando hablamos de retrasos judiciales no estamos hablando únicamente de estadísticas. Estamos hablando de vidas humanas sometidas a incertidumbre. Cada día adicional de espera puede representar un perjuicio económico, familiar, profesional o personal. Y cuando esa espera se prolonga durante demasiado tiempo, la propia finalidad de la Justicia puede verse comprometida.
La Abogacía también tiene un papel importante en esta cuestión. Los abogados debemos defender los intereses de nuestros clientes con diligencia, impulsar los procedimientos cuando corresponda, solicitar las actuaciones necesarias y utilizar los mecanismos procesales disponibles para evitar que los expedientes permanezcan injustificadamente paralizados. Pero también corresponde a la Abogacía señalar, desde una perspectiva institucional y constructiva, aquellas deficiencias que puedan afectar al funcionamiento de la Justicia.
No se trata de enfrentar a los abogados con los jueces ni de presentar a los órganos judiciales como adversarios de los ciudadanos. Al contrario. La independencia judicial y el respeto a la función jurisdiccional son principios esenciales. Precisamente por eso, reclamar una Justicia eficaz, organizada y oportuna no significa atacar a los jueces. Significa defender la importancia de la función que desempeñan.
Una Justicia fuerte es aquella que, además de ser independiente, puede ofrecer respuestas dentro de un plazo razonable. Una Justicia eficaz es aquella en la que las resoluciones no solamente son jurídicamente correctas, sino que llegan a tiempo para producir sus efectos. Y una Justicia cercana al ciudadano es aquella en la que quien acude a un tribunal puede tener la confianza de que su asunto será tramitado con diligencia y recibirá una respuesta.
La lucha contra la demora judicial no debe convertirse en una cuestión política ni en una crítica indiscriminada a la Administración de Justicia. Debe ser entendida como una cuestión de Estado y como una necesidad institucional. La Justicia pertenece a todos y su funcionamiento adecuado beneficia tanto al ciudadano como a las instituciones, a las empresas y al propio Estado.
El ciudadano que obtiene una sentencia después de años de espera puede preguntarse legítimamente si la respuesta llegó realmente a tiempo. El trabajador que espera durante años el reconocimiento de un derecho laboral puede encontrarse en una situación económica muy distinta cuando finalmente recibe la resolución. El propietario que espera recuperar un inmueble puede sufrir durante ese periodo pérdidas que difícilmente podrán ser compensadas. Y la persona privada de libertad que espera una decisión judicial vive una situación cuya gravedad no necesita explicación.
Una sociedad que aspira a consolidar el Estado de Derecho necesita tribunales que resuelvan con independencia, pero también con eficacia y diligencia. Necesita procedimientos que avancen, expedientes que puedan ser localizados y controlados, resoluciones que se dicten oportunamente y ciudadanos que puedan confiar en que acudir a los tribunales constituye un verdadero mecanismo de protección de sus derechos.
La verdadera modernización de la Justicia no consiste únicamente en construir nuevos edificios o incorporar nuevas normas. Consiste también en conseguir que el ciudadano pueda presentar su asunto ante un tribunal y obtener una respuesta dentro de un tiempo razonable. Consiste en hacer que cada expediente avance, que cada resolución llegue a su destinatario y que cada derecho reconocido pueda ser efectivamente protegido.