Según los resultados de las pesquisas, la mujer, de 45 años, prostituía a sus propias hijas ofreciéndoles a hombres desconocidos a cambio de dinero entre 2021 y 2022.
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 47 años de prisión a una madre que explotaba sexualmente a sus dos hijas de 5 y 9 años, respectivamente. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que aún es recurrible, considera probado que la mujer concertaba citas para que sus hijas fueran agredidas sexualmente por terceros que no han sido identificados. Según el relato judicial, los abusos se produjeron en varias ocasiones, incluso de forma grupal.
La sentencia impone 18 años por dos delitos de explotación sexual a menores y 29 años más como cooperadora necesaria de dos delitos de agresión sexual. El tribunal aplicó las agravantes de vulnerabilidad extrema de las víctimas y el prevalimiento, es decir, el abuso de la confianza y autoridad que tenía como madre para protegerlas.
La clave del proceso fue el testimonio de la hija mayor. Su declaración, grabada como prueba preconstituida para evitar una nueva victimización, fue valorada por el tribunal como “creíble, coherente y persistente”. Este relato fue corroborado por los informes pediátricos, la evaluación psicológica de la Fundación ‘Márgenes y Vínculos’, que detectó sintomatología compatible con violencia sexual y calificó su testimonio como “probablemente creíble”, y por la declaración de la pareja del padre, quien denunció los hechos en mayo de 2023.
El tribunal ha absuelto a la pareja sentimental de la condenada al considerar que la única acusación contra él fue “genérica y abstracta” y no existieron pruebas de su participación en los encuentros.
Más allá de la pena de cárcel, de la que cumplirá un máximo efectivo de 20 años según establece el Código Penal, la condena incorpora un fuerte componente de protección social para las menores. La mujer ha sido privada de la patria potestad, condenada a 30 meses de multa, a 10 años de libertad vigilada una vez salga de prisión y a 35 años de prohibición de acercamiento y comunicación con sus hijas.
De igual modo, deberá indemnizar a cada una de las niñas con 60.000 euros por el grave daño moral y psicológico ocasionado, una reparación que intenta poner en el centro la recuperación y la dignidad de las víctimas.
Este caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de los mecanismos de detección temprana en el entorno familiar y escolar, y el papel fundamental de quienes se atreven a denunciar para romper el silencio que rodea la explotación sexual infantil.
FUENTE: Europa Press